ArgentinaLegisladores que pusieron a la corrupción k en agenda
La condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado no solo marca un hito judicial: también pone el foco en quienes sostuvieron la agenda anticorrupción desde el Congreso nacional. Legisladores que, con denuncias y acciones concretas, trabajaron para visibilizar irregularidades y fortalecer los controles en la política argentina.
Si bien la agenda anticorrupción es transversal e involucra a legisladores de todos los espacios, hay diputados y senadores que hicieron de esta agenda su eje central de trabajo, impulsando iniciativas específicas y promoviendo debates para fortalecer los mecanismos legales e institucionales contra la corrupción.
Los legisladores nacionales que promovieron demandas, amparos y denuncias judiciales ante hechos de corrupción son:
Graciela Ocaña (Confianza Pública)
Entre 2004 y 2007 se desempeñó como interventora del PAMI, donde denunció sobreprecios en la compra de medicamentos, eliminó afiliaciones irregulares y desarmó contratos direccionados, especialmente en licitaciones de fármacos. Durante ese período impulsó la creación de una unidad fiscal interna y enfrentó resistencias sindicales. En 2007 asumió como ministra de Salud, y años más tarde, como diputada, amplió sus denuncias vinculadas al uso político y sindical de fondos de salud. En 2018, ya desde la legislatura bonaerense, denunció coimas y retornos en licitaciones del IOMA, respaldando su acusación con grabaciones de audio que derivaron en causas judiciales en La Plata.
Elisa Carrió (Coalición Cívica)
Fue una de las principales impulsoras de denuncias por corrupción contra los gobiernos kirchneristas. En 2004 denunció a Néstor Kirchner por presuntas maniobras con fondos fiduciarios. En 2008, junto a su bloque, promovió denuncias por direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez. En 2014, fue querellante en la causa Hotesur, denunciando lavado de dinero a través de hoteles de la familia Kirchner. En 2016 impulsó la causa Los Sauces, también vinculada al alquiler de propiedades para encubrir retornos de empresarios ligados al poder. Ese mismo año, presentó una denuncia por el vaciamiento del Correo Argentino cuando estaba en manos del Grupo Macri, en una causa que luego involucró a funcionarios del kirchnerismo por haber permitido la acumulación de deuda. Su actividad judicial y parlamentaria fue clave en el inicio y avance de estas causas, varias de las cuales llegaron a juicio oral.
Mario Negri (UCR)
En febrero de 2021 denunció públicamente el escándalo de las “vacunaciones VIP” durante la pandemia. El 20 de febrero pidió explicaciones al Ejecutivo tras conocerse que funcionarios, amigos del poder y periodistas habían recibido vacunas de forma privilegiada. El 23 de febrero exigió formalmente en el Congreso la lista completa de vacunados y la interpelación del jefe de Gabinete y funcionarios del Ministerio de Salud.
Waldo Wolff (PRO)
El 6 de junio de 2022 denunció sobreprecios e irregularidades en la licitación y adjudicación del Gasoducto Néstor Kirchner, en conjunto con la diputada Graciela Ocaña, luego de declaraciones del exministro Matías Kulfas. Durante 2022 y 2023, también advirtió sobre negligencia y posibles casos de espionaje ilegal relacionados con el manejo de datos sensibles por parte del Ministerio de Seguridad, aunque sin una denuncia puntual registrada en medios con fecha exacta.
Juan Manuel López (Coalición Cívica)
Entre 2019 y 2024 impulsó distintas denuncias sobre contrataciones irregulares del Estado, manejo opaco de fideicomisos públicos y desvío de fondos. Participó de presentaciones colectivas de la Coalición Cívica y su bloque, incluyendo denuncias contra exfuncionarios vinculados al Ministerio de Desarrollo Productivo y organismos descentralizados. Las fechas específicas no fueron ampliamente difundidas, pero su participación fue sostenida durante el período.
Mariana Zuvic (Coalición Cívica)
Entre 2016 y 2017 aportó pruebas en causas contra Lázaro Báez y el entorno de los Kirchner, denunciando una red de asociación ilícita en Santa Cruz. Sus presentaciones fueron utilizadas en las causas “La ruta del dinero K”, “Hotesur” y “Los Sauces”, vinculadas al lavado de dinero, testaferros y enriquecimiento ilícito.
Gerardo Morales (UCR)
En septiembre de 2013 denunció penalmente a Mariano Recalde por incumplimiento de deberes y administración fraudulenta en Aerolíneas Argentinas, acusando de vaciamiento de la empresa. Años después, el 24 de febrero de 2021, ya como gobernador de Jujuy, denunció públicamente vacunaciones irregulares en clínicas privadas y provinciales, afirmando que el gobierno nacional había distribuido vacunas de manera arbitraria.
Margarita Stolbizer (GEN)
Presentó en 2014 la denuncia que dio origen a la causa Hotesur, en la que acusó a la familia Kirchner por lavado de dinero y uso de sociedades hoteleras para canalizar fondos de origen ilícito. En 2016, participó en una denuncia conjunta por presunto uso indebido de información fiscal por parte de la AFIP. También denunció a Alejandro Finocchiaro en junio de 2018 por administración fraudulenta junto a otros funcionarios del Ministerio de Educación, por desvío de fondos destinados a la construcción de 3.000 jardines de infantes.
Fernando Sánchez (Coalición Cívica)
Fue uno de los firmantes de las denuncias presentadas en 2008 por supuestas irregularidades y sobreprecios en la obra pública durante el kirchnerismo, señalando maniobras de favoritismo hacia empresas de Lázaro Báez. En 2020 declaró como testigo en el juicio por corrupción en la obra pública, donde ratificó la existencia de prácticas sistemáticas de cartelización, aunque no presentó datos económicos precisos en su testimonio.